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La aprobación de la Ley Antifraude 11/2021 supone un cambio importante en la gestión de la facturación de autónomos y empresas en España.
¿Sabías que hay estudios recientes que avalan que más del 50% de las PYMEs sufren fallos tecnológicos críticos al menos una vez al año?
Así es, fallos como caídas de servidores o ataques de malware que pueden llegar a paralizar por completo su actividad, con la consecuente pérdida económica y de reputación empresarial.
Comencemos por el principio, Verifactu es una normativa incluida dentro de la Ley Antifraude, que regula los sistemas de facturación con el objetivo de permitir la comunicación en tiempo real con la Agencia Tributaria Española. Esto significa que todas las facturas emitidas deberán ser firmadas electrónicamente, contar con un código QR y una dirección URL que permita su consulta directa en la sede electrónica de la AEAT.
La Ley Antifraude 11/2021, en vigor desde el 11 de octubre de 2021, tiene como objetivo principal la prevención y lucha contra el fraude fiscal en España. A través de una serie de medidas, busca aumentar la transparencia en la facturación y garantizar que todas las transacciones económicas sean registradas de manera íntegra y accesible para la Agencia Tributaria.
Una de sus disposiciones más importantes es la prohibición del software de doble uso, es decir, aquellos programas que permiten manipular o eliminar facturas sin dejar rastro.
Además, impone la obligación de utilizar sistemas de facturación que cumplan con requisitos de inalterabilidad, trazabilidad y seguridad. Con estas medidas, se pretende dificultar cualquier tipo de irregularidad contable y reforzar el control fiscal sobre las operaciones comerciales.
Entre las obligaciones que implementa esta ley, encontramos Verifactu.
Este sistema busca garantizar que todas las transacciones queden registradas de manera fiable y accesible para la Administración Tributaria, reforzando así la lucha contra el fraude fiscal y facilitando el cumplimiento normativo por parte de las empresas.
Verifactu es obligatorio para empresas y autónomos ya que la normativa Verifactu se aplicará a todas las empresas y autónomos en España, sin importar su ubicación en el territorio, incluyendo Canarias, Ceuta y Melilla. Esto significa que cualquier negocio que emita facturas deberá asegurarse de que su software de facturación cumple con los requisitos de la Ley Antifraude.
Sin embargo, existen algunas excepciones en las que no será obligatorio cumplir con Verifactu:
El 28 de octubre de 2024, se publicó en el BOE una Orden Ministerial que establece un período de 9 meses para que los desarrolladores de software adapten sus sistemas a estos nuevos requisitos.
A partir del 29 de julio de 2025, será obligatorio que los programas de facturación cumplan con Verifactu.
Las empresas, por su parte, tendrán hasta el 1 de enero de 2026 para implementarlo en su operativa diaria.
El incumplimiento de esta obligación puede acarrear sanciones económicas, tanto para los fabricantes de software de facturación como para los usuarios que no utilicen programas certificados. A partir del 1 de enero de 2026, las empresas que no se adapten a Verifactu podrán enfrentar multas de hasta 50.000€ por ejercicio fiscal, incluso si el sistema de facturación no está en uso.
