La Ley Antifraude 11/2021, aprobada el 9 de julio de 2021, representa uno de los mayores esfuerzos legislativos en España para fortalecer el control fiscal y promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas.
Esta normativa ha traído consigo el impacto directo en las operaciones empresariales, de manera muy especial en la gestión de pagos y la facturación.
Algunos de sus puntos clave son la reducción del límite para pagos en efectivo, que pasó a ser de 1.000 euros en operaciones entre empresas y particulares y la regulación del software utilizado por las empresas para la facturación electrónica. De hecho, el desarrollo completo de este apartado todavía está pendiente, pero si se han introducido una serie de exigencias en relación a dicho software, para poder considerarlo como legal: la inalterabilidad y trazabilidad de los datos.
Hace unos meses la atención se centraba en la introducción de un régimen sancionador para la simple tenencia de un software de doble uso: aquellos que permiten llevar doble contabilidad.
Este post centra su atención en aspectos clave del software de facturación y de las exigencias que deberá cumplir a partir del 1 de julio de 2025.
Como hablábamos anteriormente, esta Ley tiene un gran impacto directo en la gestión de la facturación de las empresas y muy especialmente en lo que respecta al uso de software de facturación. A continuación, algunos de los aspectos más destacados de la características de dicho software:
Requisitos de integridad y trazabilidad: El software de facturación debe cumplir con estrictos requisitos de integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los datos. Esto significa que cualquier registro de facturación debe mantenerse intacto y no puede ser modificado sin dejar un rastro que permita su auditoría.
Prohibición del software de doble uso: La ley prohíbe explícitamente el uso de software que permita llevar dobles contabilidades o manipular datos contables. Las empresas están obligadas a utilizar programas que garanticen la veracidad de la información financiera registrada.
Certificación del Software: Se exige que el software de facturación cumpla con los estándares y esté certificado para asegurar que registra correctamente cada transacción y evita cualquier alteración indebida.
Sanciones por incumplimiento: Las empresas que no utilicen un software que cumpla con las especificaciones podrían enfrentarse a multas considerables. Esto incluye el uso de programas no homologados por la Administración Tributaria.
Envío automático de registros: A partir de julio de 2025, se prevé que el software de facturación esté preparado para enviar automáticamente los registros a la Administración Tributaria, o que al menos cada registro esté firmado digitalmente y disponible para su revisión en cualquier momento.
Estos cambios buscan aumentar la transparencia y reducir las posibilidades de fraude fiscal, asegurando que todas las operaciones comerciales queden registradas correctamente y sean accesibles para las autoridades tributarias. Adaptarse a esta normativa es fundamental para evitar sanciones y mantener una gestión fiscal adecuada en tu empresa.
La Ley Antifraude 11/2021 establece que, para el 1 de julio de 2025, todas las empresas deberán haber adaptado sus sistemas ERP a los nuevos requerimientos legales.
Aunque la ley se enfoca principalmente en la facturación electrónica, su aplicación varía en función de factores como el régimen fiscal de la empresa. Los sistemas ERP deberán incorporar características como la inclusión de información detallada en los registros de facturación (CIF o DNI del emisor, número de serie y fecha de emisión de la factura) y la implementación de un hash encadenado que garantice la inalterabilidad de cada factura emitida.
Sistema VeriFactu: Un elemento central de esta ley es el nuevo sistema VeriFactu desarrollado por la AEAT, que obligará a las empresas a remitir electrónicamente las facturas emitidas. Este sistema incluye la generación de un código QR en cada factura, facilitando el seguimiento y verificación de transacciones tanto para los clientes como para la Agencia Tributaria.
Simplificación del proceso: La nueva normativa simplifica algunos procesos, como la presentación de registros en la Sede Electrónica de Hacienda, eliminando la necesidad de la firma electrónica en cada operación. No obstante, las facturas deberán estar firmadas electrónicamente para garantizar la autenticidad de los registros.
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